12 agosto, 2020

En un día, 150 presos pidieron la prisión domiciliaria por el coronavirus.

Lo hicieron ante los cinco juzgados nacionales encargados de controlar las condenas. Por mes reciben entre 10 y 15. Para los próximos días se esperan más. Cuáles son los motivos del incremento y la complejidad que tiene su resolución
En un día, 150 presos pidieron su prisión domiciliaria. Las presentaciones se hicieron ayer ante los cinco juzgados nacionales de Ejecución Penal -los encargados de controlar las condenas- con un promedio de 30 pedidos por cada uno. El número es muy alto ya que el promedio mensual entre los cinco tribunales es de 10 o 15 planteos de detención domiciliaria. ¿Cuál es el motivo de los planteos? El riesgo a un contagio de coronavirus en prisión que agravaría la situación de los internos, todos en grupo de riesgo ante la pandemia, y un pedido de la Defensoría General de la Nación para acelerar esos pedidos.

Hay que sumarle los que se presentaron durante esta semana -después de las restricciones de circulación dictadas por el gobierno nacional como medida de prevención- en otros tribunales del país, principalmente de la provincia de Buenos Aires, la que tiene la mayor cantidad de detenidos: 45 mil personas.

Las fuentes consultadas señalaron que los pedidos fueron hechos por las defensas de internos que tienen más de 65 años o padecen enfermedades graves como cáncer, HIV, cardíacas, diabetes, entre otros. Se trata de las personas que forman parte de los grupos vulnerables ante el coronavirus y que un contagio podría agravar su cuadro. Así, para evitar esa situación pidieron continuar la detención en sus domicilios.

Las cárceles están sobrepobladas -celdas para una o dos personas con seis u ocho- y las condiciones de higiene y de atención médicas no son las mejores. “La situación es compleja y la resolución no es sencilla”, le dijo a este medio una persona de Ejecución Penal que trabaja en los casos. “Las domiciliarias se pueden otorgar pero hay que verificar que en sus casas también tengan las condiciones de salud para tratar sus patologías y que cumplan con el aislamiento”, agregó. Y como ejemplo puso que a un interno con HIV hay que garantizarle la medicación en su domicilio y la atención adecuada. “Y eso no siempre ocurre por lo que a veces el mejor lugar de atención, con todas las deficiencias que puede haber, es la cárcel”, agregó.

Otro funcionario explicó que además por el contexto de emergencia sanitaria del país los trámites pueden demorar. “Al Servicio Penitenciario tenes que pedirle informes y si le mandas 150 planteos colapsa. Sumale que hay que hacer un socio ambiental en el domicilio y mucho personal no va a querer ir por el aislamiento”, explicó. Otro dato es que por la emergencia sanitaria la Corte Suprema redujo el personal de los tribunal al mínimo necesario. Por ese motivo, en la justicia de Ejecución hoy trabajan entre dos y cuatro personas.

Un tercer punto es constatar que el Ministerio de Justicia de la Nación tenga tobilleras electrónicas para todos los que puedan reciben la prisión domiciliaria. La tobillera permite controlar los movimientos y tiene un sistema que requiere que se analice si se puede instalar en todas las viviendas.

Los pedidos fueron hecho ante los jueces José Arias, Marcelo Peluzzi, Jimena Monsalve, Axel López y Vilma Bisceglia que ya comenzaron a tramitarlos. Les pidieron la información de salud y social de cada uno de los presos que hizo el pedido.
El por qué de la cantidad de planteos en un solo día no solo responde al miedo de los internos a agravar su cuadro por coronavirus. También a que defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, dictó el lunes una resolución por la que le recomendó a los defensores oficiales que “renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro» de los internos en riesgo por el virus COVID-19”. Basó su pedido en el derecho a la salud de los internos, la emergencia sanitaria del país por el virus y la realidad de las cárceles con sobrepoblación.

Casi todos los planteos corresponden a la defensa pública. En un juzgado, de los 31 pedidos recibidos solo uno es de un abogado particular. “Y para los próximos días vamos a recibir más”, explicó un juez. Pero también la Cámara Federal de Casación Penal pidió que en el contexto de crisis sanitaria se le prioridad a las causas con detenidos.

En las 35 cárceles que dependen del Servicio Penitenciario Federal, un órgano del Ministerio de Justicia de la Nación, ya se tomaron medidas por el virus. Se activó un protocolo de actuación con medidas de vigilancia y detección temprana del virus, crearon un comité de crisis y dispusieron dos salas de aislamiento. Una en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza y otro en en la Unidad 21, que es el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

Y en la provincia de Buenos Aires, más de 6.300 presos de siete cárceles suspendieron voluntariamente suspender las visitas para estar en cuarentena y posibles contagios.

También los jueces de Ejecución suspendieron las salidas transitorias de prisión de los presos que dependen de ellos. Es para evitar que puedan contraer el virus y llevarlo a la cárcel, donde la expansión podría ser rápida.

Más pedidos de prisión domiciliaria

Las 150 solicitudes no fueron las únicas. Se presentaron más pero es difícil cuantificar porque el relevamiento debería ser en cada tribunal penal. Los juzgados de Ejecución son los que más reciben porque trabajan en el control de las penas de las personas que ya están condenadas. Son cerca de 3.300 entre los cinco juzgados.

Otros que pidieron la prisión domiciliaria por el riesgo de coronavirus fueron el empresario Lázaro Báez. Solicitó su libertad o la detención en su casa en las dos causas por lavado de dinero en la que está detenido. En uno de esos casos, el juez federal Sebastián Casanello le pidió al SPF que asegure las condiciones sanitarias de Báez.
También el ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resuelve su con urgencia su planteo por la condena en el caso Ciccone por el riesgo ante la pandemía del coronavirus.

El ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, condenado por la tragedia de once, instó a que se resuelva su pedido de detención domiciliaria por su edad -62 años- y por sus problemas cardiovasculares y neurofisiológicos de carácter central. El empresario Sergio Claudio Cirigliano, también condenado por la tragedia de once, pidió su detención domiciliaria.

Báez , Boudou, Schiavi y Cirigliano están presos en la cárcel en los pabellones del sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC)