La tragedia de Iron Mountain del 5 de febrero de 2014 segó las vidas de diez servidores públicos: los bomberos de la Policía Federal Anahí Garnica, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez, Matías Monticelli y Leonardo Day, los bomberos del Cuartel Vuelta de Rocha Facundo Ambrosi y Sebastián Campos y los rescatistas de Defensa Civil José Méndez y Pedro Barícola.

Diez muertos, diez familias destrozadas y, a cinco años de la tragedia, muy pocas respuestas desde el poder político y algunos avances y muchos retrocesos desde el plano judicial que hacen arduo el camino para hacer posible el reclamo de los familiares de las víctimas y de la sociedad: Verdad y Justicia.

Cuatro elementos confluyeron esa madrugada triste de Barracas: la mano incendiaria y criminal, la levedad de un Estado ausente que funcionó como el pasto seco para las llamas (como lo demuestra la multiplicidad cruzada de fallas de inspección que constan en los diversos expedientes), la desaparición en el fuego de papeles vinculados a situaciones anómalas de cuentas en el exterior y otras. Y, finalmente el entramado de exenciones impositivas poco claras a través de la política de considerar Distrito Tecnológico aquello que era una anacrónica guarda de papeles por parte de una empresa con diversas denuncias de episodios semejantes en el resto del mundo.

Es cierto que ha habido avances en la investigación judicial, el Juzgado en lo Comercial y Correccional Nro. 18 ha procesado a doce funcionarios porteños, a cuatro directivos de Iron Mountain y a un responsable de la seguridad tercerizada de la empresa. Sin embargo, hasta aquí sólo se ha procedido a trabar embargos.

En tanto, los procesamientos se han agotado en la escala jerárquica en la ex Directora de Fiscalización y Control, y no han alcanzado a los responsables políticos de la tragedia y la inacción burocrática.

Cabe recordar que el entonces responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión -hoy funcionario del Banco Nación-, no pudo explicar en su presentación en la Legislatura la pérdida del expediente de habilitación de Iron Mountain, así como que la administración a su cargo no hubiera hecho ningún esfuerzo por reconstruirlo. Ni siquiera ha sido citado a declarar.

Y al avance judicial se le opone la resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que revive tristemente las muertes de Barracas al negarle a la totalidad de los familiares de las víctimas el derecho a actuar como querellantes, en un fallo a la medida del poder político de la Ciudad y de los intereses de Iron Mountain Diez servidores públicos caídos merecen algo más que una resolución judicial que establece de manera indubitable el principio de la responsabilidad del Estado.

Diez muertes reclaman el deslinde de conductas delictivas y una sanción de los responsables, tanto operativos como políticos. Es necesario que se restituya el derecho avasallado a querellar a las familias, y que se avance de una vez sobre las responsabilidades operativas y políticas. La sociedad demanda una respuesta. Cinco años es mucho, mucho tiempo.

FUENTE: CLARÍN